El refuerzo de las tareas de control en el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao está sacando a luz un buen número de irregularidades. El negociado de Inspección, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, ha abierto 489 expedientes, bien de oficio o por denuncias vecinales. Los indicios de cobro indebido se han confirmado en el 63% de los casos y se han suspendido las prestaciones a 306 beneficiarios. Otros 151 continúan en fase de investigación y 32 perceptores han quedado libres de sospecha.
Son cifras llamativas para un balance de tres meses que pone encima de la mesa un tema sensible, proclive a la indignación ciudadana. El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, aportó ayer algunos datos para matizarlas. En Bilbao la renta básica llega a 11.210 hogares donde viven 21.288 personas, y son más de 7.000 las que cobran ayudas de emergencia social. Es una «mínima parte» de este colectivo la que se vale de engaños para vivir de las instituciones. «La mayoría de la gente que percibe estas prestaciones lo merece», recalcó. «Pero se trata de dinero público y aunque el porcentaje de fraude sea escaso, hay que luchar contra él».
Lo que resulta más difícil es recuperar el dinero. Si los perceptores siguen teniendo derecho a alguna ayuda o complemento, las cantidades cobradas de forma indebida «se van detrayendo» de las mensualidades. Otras veces, se dan por perdidas. El Ayuntamiento espera tener a fin de año una estimación de la cantidad que se ha defraudado a las arcas públicas. Se calcula que cerrará el ejercicio con 700 expedientes de investigación abiertos.
Los «ilocalizables»
El concejal recordó que antes de la puesta en marcha de la nueva unidad ya se hacían controles «de oficio». El año pasado, por ejemplo, se denegaron 721 solicitudes de ayudas de emergencia social y se suspendieron de forma cautelar 1.857 rentas básicas. Esta última prestación es «muy dinámica» y refleja los cambios del mercado laboral y la situación económica de las familias. También es la de mayor cuantía al tratarse de pagos mensuales que garantizan un mínimo de 616 euros.
De los 62 perceptores de renta básica que se han revisado, casi la mitad por denuncias, en tres de cada cuatro se han confirmado las situaciones irregulares, bien por ingresos no declarados o por mentir sobre el número de miembros de la unidad familiar. Otra vía de investigación es la de las personas que están «ilocalizables». Tras un rastreo se detectaron 234 casos en Bilbao. A 86 se les ha dado de baja, 11 lo harán próximamente y al resto se les ha enviado una primera citación. Hacen falta dos y un anuncio en el boletín oficial para completar el procedimiento.
En las ayudas de emergencia hay más casos de fraude aunque de menor importe. Se han abierto 21 investigaciones por denuncias y, de nuevo, los indicios eran ciertos en el 60% de los casos. Otras 166 prestaciones se han cancelado de oficio tras comprobar que no se cumplían los requisitos.
Los «esfuerzos» del Ayuntamiento para atajar las irregularidades se centrarán en San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala y Otxarkoaga-Txurdinaga, los dos núcleos que concentran a un mayor número de beneficiarios, tanto de renta básica como de ayudas de emergencia social. En ayuda a domicilio también se han investigado tres casos y se han hecho modificaciones en el copago.